La solicitud de llevarlos a la cárcel la pidió y sustentó el procurador judicial David De Aguas.
Argumentando que en detención domiciliaria podrían mover sus influencias y manipular a los líderes y votantes, el procurador solicitó detención en centro carcelario para los 7 políticos presuntamente involucrados en la compra de votos en la capital del Atlántico.
El funcionario público afirmó que teniendo en cuenta los audios que se obtuvieron de las llamadas telefónicas a través de interceptaciones, se pudo establecer la capacidad y el poder de los indiciados para manipular pruebas y testigos dentro de la investigación que se sigue en contra de los ellos.
Luego de escuchar al representante de la procuraduría se inició la intervención de los abogados defensores pero luego se suspendió por estar al límite del horario establecido para el desarrollo de las audiencias.