Articulación institucional permitirá decisiones basadas en evidencia y rutas de atención más efectivas.
En respuesta a la creciente preocupación por la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por bandas delincuenciales, la Gobernación del Atlántico lideró una mesa intersectorial que activa acciones concretas para fortalecer la protección integral de esta población, con énfasis en la familia como primer entorno protector.
En el marco del Mes de la Niñez, la Secretaría de Salud Departamental e ICBF lideraron la segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar (MIAJFF), un espacio que reunió a autoridades, sector académico e instituciones clave en la Universidad Autónoma del Caribe, con un propósito claro: articular respuestas frente a las violencias que afectan a la niñez en el Atlántico.
El tema que marcó la agenda fue el fenómeno de la instrumentalización de menores por bandas delincuenciales.
Las autoridades fueron enfáticas en diferenciar esta problemática del reclutamiento forzado: aunque no se registran cifras de este último en el departamento, sí existe una tendencia elevada de uso de menores en actividades ilícitas como el “campaneo”, motivadas por incentivos económicos, búsqueda de reconocimiento o necesidad de pertenencia.
El análisis institucional también evidenció situaciones complejas al interior de los hogares, incluyendo casos en los que familias pueden estar vinculadas o ser permisivas frente a estas dinámicas, lo que refuerza la urgencia de intervenir desde el núcleo familiar.
María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud departamental, precisó que la administración departamental a través del programa de Salud Pública prioriza cuatro eventos críticos: violencia contra niños y adolescentes (incluyendo el uso por bandas criminales), la violencia sexual, embarazo adolescente y mortalidad infantil.
«La Gobernación del Atlántico pretende, a través de esta mesa intersectorial, impactar favorablemente a esta población. Estamos llamando la atención y enfatizando en el tema familiar, pues la familia es el centro de todas estas problemáticas y es a donde estamos apuntando», declaró Menco.
FAMILIA, EJE DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
En coherencia con este enfoque, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) socializó la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que redefine a la familia como sujeto colectivo de derechos y agente de transformación social.
Como parte de esta estrategia, se implementará un diagnóstico departamental para medir el estado de las familias en el Atlántico y orientar acciones más efectivas.
Al respecto, Lina Vargas, referente regional del SNBF – ICBF, señaló la importancia de esta alineación. «Nos articulamos para conocer cómo está el departamento en la atención a nuestras familias, sabiendo que son el eje fundamental de la sociedad. Creemos que si en el Atlántico tenemos familias fuertes, tendremos una primera infancia y una adolescencia fuerte, permitiendo que nuestros niños sean finalmente libres de todo tipo de violencias».
DATOS DE ALERTA
Los datos presentados durante la Mesa evidencian la magnitud del reto:
• En Colombia, 667 mil niños y niñas están en el sistema de protección del ICBF
• En el Atlántico, hasta febrero de 2026 se registran 13 muertes violentas de menores
• A marzo de 2026, 62 menores han sido recuperados de actividades ilícitas en el departamento
• En 2024 fueron recuperados 318 menores y en 2025 420
Adicionalmente, la Policía de Infancia y Adolescencia alertó sobre el uso de redes sociales para promover conductas de riesgo, incluyendo convocatorias a actos de indisciplina, falsas amenazas a instituciones educativas y situaciones de acoso escolar, lo que evidencia nuevos desafíos en los entornos digitales y familiares.
Lo anterior reveló, para los miembros de la MIAJFF una crisis de la estructura de la familia a la que niños, adolescentes y jóvenes pertenecen, para lo cual con el apoyo de Procuraduría de Familia y todo el trabajo de los miembros se fortalezca el enfoque de trabajo hacia ella.
POLITICA PÚBLICA
Con la nueva Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias se redefine este núcleo como un sujeto colectivo de derechos y un agente fundamental para la transformación social, superando la visión tradicional que la limitaba a ser un simple objeto de asistencia. Esta hoja de ruta institucional se fundamenta en los enfoques de derechos humanos, curso de vida y capacidades, reconociendo que los vínculos familiares trascienden la consanguinidad para basarse en el afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo. El objetivo central de esta normativa es empoderar a las familias como protagonistas del desarrollo, garantizando su protección integral mediante la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y el propio grupo familiar.
Para asegurar su impacto en el territorio, la estrategia se articula en tres ejes de acción: reconocimiento y protección social, convivencia democrática y gobernanza. El primero busca garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación y vivienda, promoviendo además la conciliación entre los tiempos laborales y familiares. Los ejes restantes se enfocan en la prevención de violencias a través del fomento de relaciones democráticas y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de las familias, permitiéndoles participar activamente en el diseño y evaluación de los programas públicos que impactan su bienestar.
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Paola Eljaik, coordinadora de Juventudes de la Gerencia de Capital Social, destacó que la articulación no es solo interna de la Gobernación, sino que involucra a todas las instancias decisorias.
«La intención es que los sistemas de alertas nos permitan integrar nuestros indicadores y, a partir de esa integración, tomar decisiones basadas en evidencia para hacer mucho más eficaz la política social del departamento», explicó Eljaik.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier caso de instrumentalización de menores ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, así como a fortalecer el uso de sistemas de alertas tempranas para prevenir estos riesgos.
La Secretaria de Interior departamental, reafirmó su compromiso con esta problemática, especialmente, en el trabajo con los adolescentes y jóvenes incluidos en el Sistema de Responsabilidad Penal y en prevención a través de la Subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia.
En la MIAJFF la Registraduría Nacional del Estado Civil requirió el reporte de muertes violentas o desapariciones para que, mediante una sentencia judicial o reporte de Fiscalía, se den de baja documentos de identidad. Esto para evitar que otros menores cometan delitos utilizando identidades de personas fallecidas o desaparecidas.
Se destacó la articulación en Salud e Interior, pues la Secretaría del Interior y la Alta Consejería para la Convivencia activan rutas colaborativas de prevención en ámbitos familiares y juveniles para mitigar el impacto de la instrumentalización en los municipios.
Asimismo, el rol de las instituciones educativas, las cuales no solo imparten conocimiento, sino que funcionan como el principal frente de prevención temprana contra el microtráfico y la delincuencia, trabajando de la mano con las familias para consolidar proyectos de vida alejados de la violencia.
La Secretaría de Salud citó a las entidades miembros de la MIAJFF a seguir trabajando en la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entendiendo que la prevención de la violencia y la garantía de derechos solo es posible mediante un trabajo articulado entre instituciones, familias y sociedad.