Corte suprema pide investigar a políticos del Atlántico en caso Aida Merlano

415
Los 15 años de cárcel a Aida Merlano Rebolledo, por la compra de votos en el departamento del Atlántico, abre un nuevo capitulo de esta novela que inició el 11 de marzo de 2018 con el allanamiento de la llamada “casa blanca” y que continúa con la compulsión de copias, por parte de la Corte Suprema de Justicia, para investigar  a políticos del departamento del Atlántico.
Los afectados con la decisión tocan aArturo Char y Laureano Augusto Acuña Díaz, senadores; Margarita Ballén, Jorge Rangel y Adalberto Llinás, duputados, y a Carlos Rojano Llinás, expareja de Merlano; Vicente Támara, Aissar Castro y Juan Carlos Zamora, concejales.
Así mismo la solicitud cobija a Julio Gerlein Echeverría quién apoyaba políticamente a Merlano y a los señores Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Evelin Carolina Díaz Díaz, Ana Niebles y Lilibeth LLinás.
La decisión fue adoptada al dictar el fallo dentro de la causa en contra de la exRepresentante a la Cámara y elegida Senadora en el reciente debate electoral, Aida Merlano Rebolledo, quien fue acusada por una Sala de lnstrucción de la Sala de Casación Penal, como coautora de los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante agravado, retención ilícita de cédula, y tenencia ilegal de armas y municiones.
En la justificación del ente acusador sobre el caso Merlano dice: “El ascenso político de la acusada fue creciente y acelerado, pues empezó como líder política en los barrios del Sur de Barranquilla en el 2O11, salió elegida Diputada por el Departamento del Atlántico; en el 2O14 como Representante a la Cámara y en el 2O18 Senadora. No obstante, los métodos utilizados no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva por ella ideada, coordinada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos, la compra de votos.
La organización delictiva en el alto nivel estaba confomada por los denominados Coordinadores entre ellos la sindicada, encargados de ubicar a otro grupo de lideres provenientes de los barrios de Barranquilla y sus municipios cercanos, y de los departamentos de Magdalena, Bolívar y Cesar.
Estas personas conseguían los potenciales votantes a quienes les cancelaban inicialmente $15.OOO para asegurar el sufragio a favor de la candidata y luego de. verificar que habían votado por ella, les entregaban $35.OOO, más.
También tenían como función arrendar terrazas extemas de las viviendas cercanas a los puestos de votación (llamadas casas de apoyo), en las que otro grupo denominado didactas”, enseñaban a las personas a votar por la candidata a favor de quien había comprado el voto, y recogían los stickers con los logos de la campaña de la acusada.
Aspectos éstos corroborados por Francisco Rafael Palencia Borrero, a quien le dio credibilidad por tratarse de un testigo directo e integrante de varias campañas políticas, incluidas la que adelantó la aforada el 2015. Indicó que en esa oportunidad se realizó la misma actividad delictiva en la sede política de la acusada ¢casa blanca” o comando, de compra de votos para el Concejo Distrital y la Asamblea del Departamento del Atlántico. Mismo procedimiento que utilizó para conseguir las curules electorales en el 2014 para la Cámara de Representantes, y en el 2018 para el Senado de la República.

 

 

Spread the love